Calvario informativo, pero menos
No está de más hacer de vez en cuando alguna autocrítica sobre la forma que tienen los periodistas de ejercer su responsabilidad en la gestión de los medios. Aparte de saludable, un análisis en esa dirección nos permite no perder una perspectiva social amplia sobre nuestro cometido. Lo contrario, ineludiblemente, nos conduce a la soberbia de pensar que siempre nos asiste la razón, cuando no es así.
No he podido apartar este pensamiento de mi cabeza, después de leer las conclusiones de un encuentro celebrado en la Facultad de Comunicación de Sevilla, sobre aplicación de la normativa electoral en los contenidos informativos de los medios de titularidad pública. Participaban estamentos académicos, profesionales e institucionales, que no hace falta precisar.
Me ha llamado poderosamente la atención, de principio, el resquemor de algunos periodistas respecto a la actuación de los jueces en la función de control de esa gestión. Por esta causa, llegan a definir la labor informativa como un verdadero calvario, imposible de padecer, en lo concerniente a aplicación de minutajes y equilibrio en el tratamiento de las noticias de contenido político, es decir, en el mantenimiento de la imparcialidad e independencia que se le supone a un medio público, y su sometimiento a la proporcionalidad de los espacios con relación a la representación parlamentaria de cada grupo. En concreto, se quejan los redactores de la Radiotelevisión Andaluza de la permanente ingerencia de los jueces, mediante sentencias condenatorias, en la tarea profesional de interpretar la actualidad política y trasladarla a la sociedad, subrayando, en todo caso, que precisamente son los periodistas los profesionales mejor preparados para entender esa misión, y no los jueces. Subyace en la afirmación un cierto tono de rebeldía, eso parece evidente, pero en ningún caso se alude al deseo de hacer caso omiso de las sentencias. Bueno, yo pienso que mis colegas se equivocan de medio a medio, por varias razones. La primera es que no es posible entender el funcionamiento de ningún organismo, entidad, empresa o colectivo sin el sometimiento a la ley y el control de los tribunales. Efectivamente, los jueces no suelen tener conocimientos sobre periodismo a la hora de sentenciar, pero tampoco los tienen sobre medicina, arquitectura o mercadotecnia y, sin embargo, sentencian sobre estas materias, y los afectados no suelen sufrir por ello ningún calvario. Si los jueces no saben sobre algo, puntualmente, pues supongo que tendrán que aprenderlo para sentenciar, y el periodismo no puede ser una excepción, menos aún si se ejerce en un medio público.
Por lo demás, las decisiones adoptadas por los redactores en ese ámbito, se supone que responden al ideario que les trasladan sus superiores, que a su vez, no lo olvidemos, han sido nombrados con criterios de representatividad política. El control, por tanto, parece doblemente aconsejable, eso sin contar con que las pérdidas económicas de la gestión se anotan en el presupuesto de todos, no en el de los editores. Es decir, sus errores los pagamos todos. Pero es que, por si fuera poco, las quejas que luego se materializan en sentencias, nunca proceden del grupo que nombró a esos editores. Y, eso sí, da mucho en qué pensar sobre la tan cacareada independencia.
ADN.es Medio Oficial Premios Bitacoras 2008: