Onda Jaén, una cuestión política
En algún lugar he escrito que los periodistas hemos perdido la guerra de la información, de la libertad de expresión, después de haber ganado todas las batallas posibles para el resto de la sociedad. Por eso comprendo la frustración que deben sentir en estos momentos los informadores de Onda Jaén, ante la inminente privatización de ese medio. Conozco esa sensación.
Se trata de un problema con una doble perspectiva que conviene matizar. Por un lado, los trabajadores observan con incertidumbre el futuro laboral de la plantilla pero, sobre todo, rechazan la posibilidad de perder una identidad profesional que les pertenece, en un proceso de privatización que resulta tan predecible como injusto.
La existencia de medios de comunicación de titularidad pública ha sido históricamente un tema polémico, de análisis político más que profesional, y siempre con planteamientos diferenciados en función del objetivo a perseguir. Para los detractores, nada justifica la carga económica que su funcionamiento supone para el erario público. No parece necesario aclarar que la evidencia de pérdidas ha sido consustancial a la propia realidad de los medios públicos. Desde el poder se suele gastar con alegría para rentabilizar los contenidos, mientras que desde la oposición se les acusa de ser instrumento del poder.
Los defensores, en cambio, esgrimen que la libertad de expresión sólo pueden garantizarla los canales que no discriminan a sectores sociales por la naturaleza de sus opiniones, es decir, los canales públicos. Nadie, en cambio, reclama para ellos independencia de gestión.
El caso de Onda Jaén no es diferente, en mi opinión. Ahora todos parecen estar de acuerdo en aplicar una solución política a un problema económico, una solución que nunca sería planteada para otros servicios municipales. Se señala como culpable al mensajero, no el contenido del mensaje.
El argumentario utilizado en su momento en el debate sobre la privatización de Telemadrid, establece cierto grado de paralelismo con el caso que nos ocupa, y resulta clarificador. “La libertad de información está suficientemente garantizada por la actividad libre de la sociedad. Los medios públicos sólo son necesarios en casos excepcionales”, afirmaban allí desde el poder a la hora de justificar la privatización. Desde la oposición, en cambio, se preguntaban: “¿Ha sido parte del plan de privatización mantener una programación nefasta y teledirigida, para ahora poder decir que resulta imprescindible la privatización?”.
Además, en una situación de crisis, ¿a qué empresa puede interesar compartir un proyecto tan deteriorado? ¿Qué compensaciones espera recibir? El tiempo nos permitirá dar respuesta a estas cuestiones, pero me temo que entonces ya será demasiado tarde para buscar una solución alternativa a la que está encima de la mesa.
